RevistaLaComarca.com

Madrid.  El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de la que será la primera ley estatal de servicios sociales, que garantizará un suelo común de prestaciones en todo el territorio y la movilidad de esos servicios en caso de desplazamiento de los usuarios entre comunidades autónomas.

El Consejo de Ministros ha dado el primer paso en el trámite de esta norma que mandata a las comunidades -con competencia en exclusiva de la atención social- a acordar un catálogo común de servicios y prestaciones básicos, y establece el «proceso de cogobernanza» entre el Estado y las autonomías para asegurar la igualdad en la cobertura de esos derechos.

La tramitación se prevé compleja, ya que varias comunidades han alertado de que vigilarán que no haya ninguna invasión de sus competencias.

La norma establece un suelo de protección para los servicios sociales, eliminado el requisito de empadronamiento para el acceso a esos servicios, y reconoce el derecho de todas las personas con residencia en territorio español «sin distinción o exclusión alguna» y con independencia de su situación administrativa.

«Uno de los objetivos es acabar con los laberintos burocráticos en los servicios sociales; a una persona que necesita el Ingreso Mínimo o la teleasistencia no se le puede poner ningún requisito adicional que dificulte ese derecho», ha destacado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

«Es un balón de oxígeno» para los trabajadores y para las personas atendidas en los servicios sociales, ha señalado Belarra, quien ha confiado en que reunirá «los apoyos suficientes» para su aprobación en segunda vuelta, así como en el Congreso de los Diputados.

«Evidentemente contará con la oposición de los que nunca quieren que nada cambie», ha aseverado la ministra, quien ha opinado que la mejor respuesta a esa postura son los «avances en derechos».

«La ley consolidará en nuestra legislación la modernización de los servicios sociales» iniciada con los fondos europeos, que plantean una inversión de 875 millones de euros entre 2021 y 2023, ha recordado, y son un compromiso de los acuerdos del gobierno de coalición y del Plan de Recuperación.

El objetivo de la norma es dejar atrás el enfoque asistencialista y centrado en la emergencia de los servicios sociales y avanzar en una atención más personalizada, reduciendo las barreras de acceso.

Declara como esenciales los servicios sociales, como hizo de manera provisional durante la pandemia, y eleva así la tasa de reposición de los trabajadores que aprueban las administraciones para este tipo de colectivos. «Cuando todo para, las necesidades sociales que atienden estos servicios no paran».

CATÁLOGO COMÚN: TIEMPOS, CALIDAD Y SERVICIOS

El catálogo deberá detallar para cada servicio o prestación la ratio mínima de profesionales necesarios, la especialización en caso de que se requiera y los tiempos de acceso.

«No hay igualdad si los distintos procesos administrativos de cada territorio llevan a tiempos de espera muy dispares», argumenta la norma, que incluye herramientas para un acceso «sin dilaciones injustificables» ni desiguales entre territorios.

La ley plantea la creación de un Sistema de Información Estatal de Servicios Sociales para facilitar el conocimiento real y efectivo de las prestaciones y poder evaluar su eficacia y eficiencia.

La Conferencia Sectorial de Servicios Sociales será el órgano encargado de acordar el nivel mínimo, para lo que contará con un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la ley, y el Ministerio, el responsable de coordinar a las distintas administraciones y de dictar las disposiciones necesaria para la ejecución de la ley.

PROFESIONAL DE REFERENCIA Y RESPETO A PROYECTOS DE VIDA

Las personas, el desarrollo de su autonomía, sus proyectos vitales y preferencias han de ser el principal foco de la intervención de los servicios sociales, indica el anteproyecto.

Para ello se constituye como derecho el acceso de los usuarios a toda la documentación, se crea la figura del personal de referencia y la historia única digital, y se plantea la atención por parte de un equipo formado por profesionales del trabajo social, la educación social y la psicología.

Frente a la institucionalización, se procurará la prestación de apoyos y cuidados que mantengan a las personas en su comunidad o en ambientes familiares.

MANTENER LOS CUIDADOS AL CAMBIAR DE RESIDENCIA

Una vez se accede al uso de un servicio o prestación básica en una comunidad autónoma, se mantendrá si se cambia de residencia de manera temporal o permanente.

Esta ley estatal recoge este derecho, al igual que se contempla en el ámbito sanitario, y que ahora está «seriamente limitado», se recuerda en la norma.

En la «historia social única» digital se incluirán los datos personales, sanitarios, de vivienda y económicos, entre otros significativos de la situación social y familiar de la persona usuaria, así como el diagnóstico y los apoyos sociales que haya o esté recibiendo.

En relación con las ayudas económicas en casos de urgencia o emergencia social, se fija un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley para que el Gobierno modifique la ley de subvenciones ahora vigente, que en la actualidad prolonga los trámites durante meses.

Belarra ha apostado por «una norma especifica», una reclamación de las entidades del sector, para que las ayudas de emergencia sean ágiles y atiendan de manera urgente esas necesidades.

La ley desplaza además los litigios de los tribunales contencioso administrativa a los juzgados de lo social.

Las comunidades autónomas contarán con Comités de Ética en servicios sociales. EFE