En una entrevista con Efe, para analizar los protocolos existentes en materia de inundaciones en Castilla y León y hablar de posibles alternativas a la situación de miles de ciudadanos (66.000) que viven en zonas con «alta probabilidad de inundación», en un momento en el que acaba de ocurrir la tragedia de Valencia, Cortés ha defendido la actualización de planes y protocolos para adaptarse a esta realidad cambiante como receta.
En este sentido, ha explicado que los técnicos están en continua adaptación, porque lo actualizado hoy puede estar «desfasado» mañana: «No nos queda más remedio que seguir modificando todos los protocolos», ha explciado.
Pregunta.- En Castilla y León hay 66.000 ciudadanos en zonas de alta probabilidad de inundación. ¿Lo ve como un riesgo?
Respuesta.- Si hay edificaciones en zona inundable, evidentemente es un riesgo. La encargada de determinar qué zonas son inundables es la Confederación hidrográfica de la Cuenca. Es importante que conozcáis que la directriz básica de inundaciones del Estado lleva sin actualizarse desde el año 94. Hemos requerido en varias ocasiones en distintos órganos que sea actualizaba, no es un capricho, es una necesidad.
No obstante, en Castilla y León vamos actualizando los datos. En el momento en el que se actualice la directriz es solo incorporarlos. Aparte de esto, en Castilla y León llevamos ya 2 años trabajando con el plan de autoprotección de la Junta de Castilla y León. Hemos trasladado a todos los municipios de hasta 500 habitantes a lo largo del año pasado los riesgos que tienen en sus localidades.
P.- ¿Considera adecuado que esas personas que viven, por las circunstancias que sean, en esas viviendas en zonas inundabales sigan ahí, visto lo ocurrido en Valencia?
R.- Yo creo que es adecuado que en este momento se tomen medidas y decisiones al respecto, por eso insisto en que tiene que ser una planificación a nivel de Estado, porque esto afecta a todas y cada una de las cuencas que tiene este país.
No se puede hacer una normativa para cada Comunidad Autónoma que sea contraria a las de otras comunidades autónomas. Tiene que haber una directriz básica, habrá de valorarse la cantidad de zonas inundables habitadas que hay, tener un buen registro, un listado de afectados y de las posibles medidas que se les ofrecen a esas personas. Pero esto tiene que ser a nivel estatal.
P.- ¿Un cambio de vivienda?
R.- Por ejemplo, pero eso tiene que ser, como le digo, una decisión consensuada por todas las comunidades autónomas en la que cada Comunidad aporte sus datos y que a nivel nacional se establezca una normativa que dé solución a esos problemas.
P.- ¿Se plantean una renovación del INUNCyL -Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en Castilla y León-, vigente desde 2010?
R.- claro, sí, sí, sí. El problema es que yo puedo actualizar mi plan con respecto a los datos que manejo, que son los actuales, pero cuando esto tiene que ser aprobado por la Comisión Nacional y la Comisión Nacional se rige por una directriz del año 94, mis datos no van a estar actualizados para esa directriz. Por lo tanto, tengo que esperar a actualizar mi plan, a que la directriz básica se actualice.
P.- En el INUNCyL se habla de 10 municipios el riesgo alto por inundación y otros 119 en riesgo medio ¿Se han actualizado en los últimos años los municipios en riesgo de inundación?
R.- Actualizados no los tengo ahora mismo, oficialmente son esos (los 10 de riesgo alto y los 119 de riesgo medio) pero en el transcurso de estos años, pues ha habido zonas que precisamente por el efecto de los fenómenos meteorológicos adversos que estamos viviendo, hemos detectado que también tienen problemas. Pero no puedo actualizarlo porque la directriz básica está es muy encorsetada y no puedo ampliar los datos que ya mandé en 2012 hasta que no modifiquen.
P.- Sobre las medidas de autoprotección que prevé el INUNCyL, ¿cuántos simulacros se han realizado en Castilla y León en estos 14 años de vigencia?
R.- Protección Civil de Castilla y León ha participado en cuatro simulacros, uno en 2012 en Vega de Tera (Zamora) por rotura de la presa de Nuestra Señora de Agavanzal; otro en 2013, sobre grandes inundaciones organizado por la UME en Palazuelos de Eresma; y otros dos en 2015, en este caso simulacros internos del Centro Coordinador de Emergencias (CCE) sobre la rotura de presa del embalse de Compuerto (Palencia) y sobre inundaciones en el entorno de Benavente (Zamora).
P.- ¿Cree que lo ocurrido en Valencia va a implicar cambios profundos en la gestión de las emergencias?
R.- Pues es probable. También te digo que el sistema en Castilla y León está muy ensayado y está bastante avanzado. Cuando se producen ya avisos amarillos de AEMET en Castilla y León se pone en conocimiento de los alcaldes de la zona, diputaciones y delegados territoriales y se inicia una fase de vigilancia.
Si la situación va empeorando, pues vamos valorando en el Centro Coordinador y antes de ya a nivel naranja, se emite alerta a la población que se comunica también a los medios de comunicación, se hace público y a partir de ahí se van estudiando por zonas y conforme vamos estudiando el nivel del caudal, el nivel del agua caída, activamos el INUNCyL.
Y bueno, ya si la situación fuese terrible, pues se activaría a la UME, con la que nunca hemos tenido ningún tipo de problema, desde la comunicación de solicitud, tenemos el Batallón Quinto en León, que siempre nos da una cobertura estupenda y con ellos hasta el momento no hemos pasado de ese nivel, no hemos tenido nunca un nivel 3.
P.- Sabe que ha habido polémica con la tardanza en la emisión de la alerta al móvil de la población en Valencia y también con la propia existencia de esa alerta, ¿qué le parece a la Junta como herramienta?
R.- Es una herramienta del todo útil, para activarla en situaciones de fenómenos adversos o incluso para búsqueda de personas. En Castilla y León se hicieron dos pruebas. En alguna zona del ámbito rural hubo problemas de cobertura, entonces hasta que no conseguimos que llegará a estas zonas en las que había dado problemas, pues no lo pusimos en funcionamiento.
El protocolo que está vigente es un protocolo del Estado, es un protocolo provisional, y ahora estarían en todas las comunidades en periodo de pruebas, pero nosotros ya lo hemos probado en situación real.
P.- ¿Cuántas veces y en qué casos?
R.- Lo utilizamos por primera vez en un caso real en octubre pasado en la provincia de Zamora. Un señor mayor había desaparecido de su casa. Lo que hicimos en el mensaje fue referir exactamente eso: varón de tal edad, llevaba una gorra, una chaqueta de un determinado color y en una zona concreta.
Se hizo una triangulación y desde el punto donde se le vio por última vez, se trazó un área de 12 kilómetros a la redonda, donde los ciudadanos que estaban en esa zona recibieron la alerta y el mensaje. Parece muy sencillo, pero son todo protocolos y estimaciones. En ese caso fue además con resultado de éxito, fue localizado con vida.
P.- Los científicos hablan de los efectos del cambio climático, de la mayor virulencia y repetición de fenómenos atmosféricos graves, ¿la Junta tiene claro que esto ha venido para quedarse y hay que adaptarse?
R.- Sí, sí, sí, clarísimamente. Y además es que llevamos ya tiempo haciendo muchas cosas. Es un hecho evidente. La redimensión del operativo de incendios es un ejemplo.
En el caso de la Agencia de Protección Civil se han hecho unos avances muy importantes en cuanto a la plataforma tecnológica que sustenta al 1-1-2. Es difícil que se pueda caer el 1-1-2. Además hay un grupo de profesionales completamente técnicos y formados que a la hora de gestionar una emergencia te dan muchísima tranquilidad y muchísima seguridad.
En fin, nosotros ya estamos preparados y en muchos sentidos, en esta nueva era de esta climatología adversa y complicada. Por lo tanto estamos súper concienciados y nunca parando, porque al final lo que hemos implementado hoy, mañana va a estar desfasado.EFE
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